Actualmente, el país carece de una política que norme el acceso a los recursos genéticos, quedando esta actividad dentro de los límites de las decisiones que puedan adoptar científicos y técnicos de Institutos de Investigación y Universidades. No se cuenta con políticas que regulen las recolecciones realizadas por misiones extranjeras, lo cual ha generado una fuga de material genético que representa un potencial económico para el país. Por esta razón se están concentrando esfuerzos que permitan el desarrollo e implementación de marcos jurídicos y medidas apropiadas para que Chile no sólo pueda asumir los compromisos internacionales adquiridos en la materia, sino que además garanticen y promuevan la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos del país.

Los últimos avances en este tema tienen que ver con la posición del Ministerio de Agricultura, quien en su Política de Estado para la Agricultura Chilena para el periodo 2000-2010, tiene como prioritario la valoración económica y protección de los recursos genéticos, promoviendo la elaboración de una política sectorial que fomente la protección de los recursos genéticos chilenos y permita a los agricultores obtener una compensación económica por conservarlos y desarrollarlos. También pone énfasis en la necesidad de reforzar los programas de investigación científico-tecnológica y los programas de fomento productivo. Para responder a esto, en el 2002, se elaboró el Proyecto de Ley sobre Normas para la Prospección de la Biodiversidad en el Ámbito de la Agricultura que actualmente se encuentra en proceso de entrar al Congreso para su análisis.

Por decreto del Ministerio de Agricultura, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias es la institución de gobierno encargada de resguardar los recursos genéticos del país. Además de la conservación e investigación, dentro de sus funciones está la de ser la contraparte oficial a las misiones extranjeras para la recolección de recursos genéticos chilenos. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias tiene la facultad de celebrar contratos con quienes requieren acceder a estos recursos, con el fin de proteger el patrimonio fitogenético del país y resguardar los intereses de Chile. Sin embargo, al no existir un marco legal, el sistema de acceso a los recursos genéticos a cargo de INIA apela a la buena fe de los recolectores.